Redadas

Fue el 5 de marzo de 2008 cuando Héctor Muñoz Lucio, comandante de Seguridad Pública del estado, sufrió un atentado (perpetrado con armas de grueso calibre y del que salió ileso) en las afueras de su domicilio ubicado en San Bernabé. Dos días después, el 7 de marzo, elementos de la PFP, del ejército mexicano y agentes de seguridad pública del estado de Nuevo León “limpiaron” las calles de los barrios populares de la Alianza, San Bernabé y algunas colonias en las faldas del Cerro del Topo Chico. El objetivo de este “macro-operativo” fue el de “frenar la avanzada” de al menos 20 pandillas dedicadas a la distribución de drogas y relacionadas con el crimen organizado (El Porvenir, 06/03/08). Como respuesta a la “ola de violencia y ejecuciones”, el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuázua apuntó que las macro-redadas han llegado para quedarse.

La cacería de vagos y narcopandilleros (El Universal, 07/03/08) efectuada por elementos militares y estatales, es otra muestra de la falta de sentido común e insensibilidad con que las autoridades estatales enfrentan el problema de la violencia en la zona metropolitana. Del saldo de 381 detenidos que dejó el operativo, sólo cuatro fueron consignados por portación de armas, estupefacientes o extorsión. Los otros restantes, de los cuales 70 son menores de edad, fueron consignados por “aparentar actitud sospechosa” (sea lo que esto signifique):

En su recorrido a bordo de unidades oficiales, tanto uniformados estatales como militares, interceptaron y pusieron contra la pared a los presuntos pandilleros, para aplicarles una revisión corporal. A pesar de que a varios no se les encontró droga ni armas, los sospechosos quedaron detenidos y fueron llevados a la corporación de la zona norte. (El Universal, 07/03/08)

Consuelo Morales Elizondo, directora de CADHAC, aseguró que: el operativo criminaliza a los pobres y a la infancia, no ataca de raíz los problemas de inseguridad [sic] incluir a militares en operativos en las calles, denigra a la institución y pone en riesgo a la ciudadanía (proceso.com, 13/05/08). En efecto, a los jóvenes de estos barrios ya no sólo se les acusa de “pandilleros”, con toda la carga peyorativa que esto implica, sino que ahora se les cataloga a priori de criminales, es decir, de “narcopandilleros”.

Lamentable que en estas “razzias” o “limpias”, realizadas por iniciativa del estado, se consigne a jóvenes y niños de manera arbitraria , y aún más censurable es la participación del ejército, que, entre sus funciones está la de proteger a la ciudadanía y no la de hostigar a los sectores pobres de la ciudad. César Valdés, vocero de CADHAC, aseveró que:

En los distintos municipios la autoridad está cometiendo delitos tipificados en el Código Penal y la Constitución, al detener a las personas indiscriminadamente, se argumenta que son para proteger la seguridad pública pero se están yendo contra el ciudadano común, se detiene en su mayoría al ciudadano, hay pretexto de que es una estrategia para combatir la inseguridad y el crimen organizado, cuando vemos que no es así, que son menores de edad en su mayoría. (El Porvenir, 09/05/08)

San Nicolás y Monterrey son los municipios donde se han presentado más denuncias, 50 hasta la fecha, por abuso policíaco y detenciones injustificadas desde que iniciaron los “macro-operativos”. Morales Elizondo afirmó que la situación: es muy grave porque las autoridades están provocando la violencia. Detener a niños jugando, caminando por la calle o que mandaron a traer las tortillas es reprobable. Pero en general, son detenciones arbitrarias que rompen con la seguridad jurídica y la seguridad pública (proceso.com, 13/05/08).

Pareciera que las redadas son un paliativo que gobierno del estado ofrece a la “opinión pública” y "medios de comunicación" como solución al embate de violencia que se vivie en la entidad. Y, como muchas veces sucede, este "paliativo" afecta directamente a los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades "más conflictivas" del área metropolitana.