sábado, 20 de septiembre de 2008

Nuevo León, estado de progreso



Poco menos de un año le queda a la administración de Natividad González Parás. Su sexenio en el “poder” es a todas luces criticable. Desde el Forum hasta la propagación infrenable de la violencia en el estado, pasando por la apropiación de espacios ciudadanos por parte de organizaciones criminales (zetas) y el uso irresponsable de la “fuerza” estatal contra sectores de la población, son ejemplos que demuestran que la administración actual ha dejado mucho que desear.

El progreso, lema neoliberal ampliamente difundido y promovido, es mera construcción discursiva, fabricada, una más. Fragmentos del pasado informe de gobierno, contrastados con la realidad social del estado de Nuevo León, señalan que el presunto “estado de progreso” es sólo eso, un lema:

Nuestra democracia se expresa primordialmente en la participación ciudadana, en la gestión gubernamental; en la tolerancia y el respeto a la disidencia y la pluralidad política; en la preservación del estado de derecho y de las libertades que consagra nuestra Carta Magna; en el ejercicio cotidiano del diálogo con todos los actores de la vida pública; y en la transparencia de los actos del gobierno.

Caso Arco Vial
, juez destituido por oponerse a construcción del Arco Vial: Julieta Salazar, vocera de la asociación Vecinos de La Tinaja –que aglutina a más de 10 poblados que rechazan el proyecto carretero del gobierno estatal– informó que hace unos días empleados del gobierno de Nuevo león recabaron firmas de apoyo a la obra, y como Alanís se negó, pues desde hace cinco años trabaja con otros vecinos para impedir que políticos y empresarios se apoderen de esas tierras para desarrollar fraccionamientos, el domingo fueron a su domicilio Ricardo Fernández, secretario particular del alcalde de Santiago, Rafael Paz Fernández, junto con un supuesto enviado del gobierno estatal, para pedirle que entregara el sello y la placa que lo acreditaban como juez auxiliar (La Jornada, 29/07/08).


También respetamos y hacemos cumplir otros derechos fundamentales: la libre expresión de propuestas, críticas, inconformidades y exigencias en los espacios permitidos de la vía pública; en los medios de comunicación y foros institucionales; la legítima actuación de organizaciones y partidos políticos; la indeclinable manifestación del arte y los valores universales.




Caso del cierre de radio comunitaria “Tierra y Libertad”: El 10 de junio, más de 100 elementos de la PFP, con armas de largo poder, asaltaron violentamente las instalaciones de Radio Tierra y Libertad, en la ciudad de Monterrey. Sólo la defensa de unas 200 personas que se reunieron en el lugar del operativo logró impedir que llevaran detenido a Héctor Camero, el responsable de la estación. La razón esgrimida por las autoridades es que la radio no cuenta para su emisión con autorización oficial, aunque se cuidan muy bien de decir que los responsables de la radio habían solicitado dicho permiso oficial, mediante oficio recibido y sellado en noviembre de 2002 ante la oficina de la SCT en Monterrey, sin que hasta la fecha, haya habido respuesta alguna por parte de las autoridades(regeneracionradio.org, 14/07/08). Funcionarios estatales se desligaron del caso argumentando que “fue una orden federal”. ¿Y el informe?





En un marco de pluralidad es indispensable conocer las necesidades de la población, motivo por el cual, a lo largo de los últimos cuatro años se practica una política de puertas abiertas con profundo respeto a los derechos humanos. Durante este período, la labor emprendida se expresa en el seguimiento puntual a las 422 manifestaciones sociales llevadas a cabo y a las 736 reuniones con grupos de colonos, organizaciones no gubernamentales y miembros de partidos políticos, que reclaman la participación de las autoridades para resolver conjuntamente asuntos relacionados con la regularización de la tenencia de la tierra, asesoría jurídica e introducción de servicios públicos principalmente.

Caso Nueva Castilla: Tras 42 años de no concretar un proyecto de desarrollo habitacional, el Instituto Estatal de la Vivienda retomó más de mil hectáreas de "Nueva Castilla" para impulsar la zona norte de Nuevo León y legalizar las propiedades ubicadas en el municipio de Escobedo. El gobernador Natividad González Parás y el Infonavit firmaron el convenio de la cesión de derecho de propiedad, para que por medio del Instituto se reactive uno de los proyectos añejos que podrían beneficiar a una gran cantidad de familias […] González Parás destacó que la mitad del patrimonio adquirido fue tomado por posesionarios que establecieron sus viviendas en el lugar, por lo que se trabajará para regularizar los predios ilegales (El Porvenir, 07/05/05}.

Años después como los colonos disintieron a la obra estatal el gobierno practicó “una política de puertas abiertas con profundo respeto a los derechos humanos”: Colonos del Fraccionamiento Nueva Castilla se manifestaron frente a Palacio de Gobierno luego de que aseguraran que 70 de sus vecinos fueron sacados a la fuerza de sus domicilios por encontrarse en propiedad privada, luego de que la Federación les otorgara un amparo. Los vecinos les mostraron a la policía del estado el amparo federal, pero aún así los sacaron y se los llevaron al Ministerio Público, por encontrarse en una zona que dicen, es del Instituto de la Vivienda" - expresó Juan Carlos Armadillo, miembro de la Asamblea Estatal de Luchas Sociales, quien apoya a los colonos. Según Armadillo, la situación es más preocupante de lo que parece, pues entre los detenidos se encontraba un integrante de la Comisión en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC), quien se asegurara que los derechos de los colonos no fueran violentados (El Porvenir, 17/05/08).

La disputa por terrenos entre habitantes de la colonia Nueva Castilla y el gobierno del estado provocó la captura, sin orden de aprehensión, de 32 colonos, 27 de los cuales ya fueron liberados. Sin embargo, se prevé que los cinco restantes podrían ser consignados este lunes. Los afectados señalaron que se les pretende acusar de delincuencia organizada y se quejaron de que las autoridades quisieron obligar a los acusados a firmar una declaración prefabricada además de que les negaron el derecho a solicitar un abogado. Incluso denunciaron que a varios de los 27 detenidos les hicieron firmar declaraciones en las que aceptaban “negociar” con el Instituto Estatal de la Vivienda, que presentó la denuncia en su contra (La Jornada, 19/05/08).

Y para defender y honrar ese párrafo del informe que dice que: Tenemos un gran compromiso con los que menos tienen; para cumplirlo trabajamos incansablemente para proporcionarles un terreno donde puedan tener una vivienda digna, impulsando además el aseguramiento de reservas territoriales para este fin, que incluya la incorporación de suelo social al desarrollo urbano, el gobierno del estado ejecutó la siguiente estrategia: En medio de la oscuridad y el silencio de la madrugada, los cinco detenidos del Fraccionamiento Nueva Castilla fueron trasladados al Penal del Topo Chico, donde se les dictó auto de formal prisión. José Luis Sandoval Obregón, abogado de los colonos, calificó este “madruguete” como una aberración jurídica y un torpe error político que bien podría afectar la imagen del actual gobierno en las próximas elecciones del 2009. Los vecinos fueron trasladados en la madrugada lo que claramente indica una aberración jurídica, sobretodo porque los detenidos ni siquiera son colonos, destacó el abogado, quien manifestó que entre los detenidos se encuentra un observador de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) y algunos activistas de derechos humanos (El Porvenir, 25/05/08).





Y para demostrar la preocupación “real” del estado por Un desarrollo sustentable, justo y armónico es aquél que se da cuando ningún recurso renovable es utilizado a un ritmo superior al de su generación, ningún contaminante se produce a un ritmo superior al que puede ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio, y ningún recurso no renovable es aprovechado a una velocidad mayor que la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenida. Desde el inicio de la presente Administración se establecieron las bases para un desarrollo más equilibrado y sobre todo respetuoso del entorno ecológico, pues no queda más que hablar del caso Valle de Reyes: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Nuevo León acorraló al municipio de Santa Catarina para que aprobara el proyecto Valle de Reyes, señaló la delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Brenda Sánchez. Añadió que dicha autoridad extra limitó sus funciones ya que actualmente existe un juicio de amparo que está por resolverse y que se encuentra detenido. Aunque dijo respetar las garantías del municipio, la delegada de la Semarnat consideró que con la decisión que tomó la administración encabezada por Dionisio Herrara Duque, deja las puertas abiertas a un plan de desarrollo que no existe.

El Gobernador del Estado José Natividad González Parás insistió en la necesidad de contar con el plan general de manejo del Parque Cumbres, para que los municipios puedan decidir donde si y donde no puede haber asentamientos humanos.
Hay la necesidad de poder contar con un plan general de manejo a fin de que los municipios en ejercicio de sus atribuciones, puedan determinar la naturaleza del uso y destino del suelo, y puedan empezarse a regularizar asentamientos que ya no se pueden quitar, pero otros que pueden moderarse determinar la densidad para poder avanzar en esas zonas, y también determinar cuáles son las zonas que no deben de tocarse y que deben de constituir Parque Nacional, dijo el mandatario estatal. Dentro hay zonas que ya están pobladas, hay asentamientos irregulares, y que por la ausencia de estos programas, por la indefinición, pues se ha deteriorado, se ha contaminado en donde hay asentamientos irregulares, algunos con título de propiedad, otros sin título de propiedad, y necesitamos poder tener un plan de desarrollo en esa zona, señaló González Parás
(El Porvenir, 09/05/08).

Un sexenio para olvidar, sin duda, y eso que sólo se expusieron algunos extractos del informe y los casos “más sonados” en últimas fechas.

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